Por Julio Leonardo Valeirón Ureña
Se dice en el refranero popular que “las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos”, como que “las necesidades tienen cara de hereje”. En apariencias, ambos refranes pueden estar hablando de cosas diferentes, un tanto distantes como para que las relacionemos. Veamos.
A finales de los años ochenta la educación dominicana había llegado a una de sus peores crisis: las escuelas de formación prácticamente vacías y algunas de ella cerradas; no parecía que ser maestro fuera atractivo social y económicamente; y muy buenos docentes decidieron emigrar a otro país o a otra actividad económica.
Esto último, personalmente, lo pude constatar en una evaluación para la cual fui contratado como parte de un equipo, en la cual se evaluaba el estado de situación de la educación en noventa escuelas seleccionadas para tal propósito. La realidad se hizo desoladora: las escuelas estaban abandonadas a su suerte.
Como consecuencia, tres instituciones de mucha relevancia en el país: la Fundación Friederich Evert, la Asociación de Industriales de Herrera y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, nos convocaron a un conjunto de debates – reflexivos en torno a los grandes temas de la educación entonces. Esa fue una gran oportunidad.
El producto de dichos encuentros mensuales se concretizó en lo que se dio a conocer como el decálogo educativo: una oportuna propuesta de 10 metas nacionales para ser alcanzadas durante la década de los años 90 y que fueron la base que nos condujo, posteriormente, a la consulta nacional previa al Plan Decenal de Educación 1992-2002. Otra oportunidad.
Las metas fueron: Eliminación total del analfabetismo; establecimiento del preescolar obligatorio; generalización de la educación primaria; expansión de la educación técnica; ampliación de la educación secundaria; reorganización de la educación superior; revalorización de la profesión de maestro; mejoramiento de la formación docente; elevación de la inversión en educación; ejecución de una campaña nacional de concientización.
No es de dudar que respecto a algunas de estas metas el país, en materia educativa, ha avanzado. En otras los avances han sido limitados y, en algunas de ellas, aún es mucho lo que está pendiente; es el caso, por tomar un ejemplo, el de la formación docente, que como todos sabemos sigue siendo, sino el talón de Aquiles, parte de este.
En el año 1992 se identificó que un porcentaje significativo de los docentes (12%, es decir, 2,700 según el total entonces) en el nivel primario eran bachilleres en servicio, de ahí que se diseño y desarrolló el Programa de Profesionalización de Maestros Bachilleres en Servicio (PPMB), lo que parecía ser otra importante oportunidad.
Dos planes nacionales de educación 1992-2002 y 2008-2018, fueron oportunidades para alcanzar metas importantes. Los grados de avances fueron distintos en cada una de las líneas programáticas de ambos planes; en ocasiones la discontinuidad de las políticas, obedeciendo a necesidades no necesariamente propias del sistema, así lo determinaron.
No hay dudas de la cuantiosa inversión en formación docente desde entonces; miles de millones de pesos se han invertido en ella, sobre todo a partir del 2013 cuando se inició la aplicación del 4% del PIB (lo que fue otra oportunidad). El monto del presupuesto en educación generó interés de negocios en muchos sectores de la vida nacional.
Personas e instituciones nacionales e internacionales se acercaron de pronto al panal por la dulce miel económica que ello podía significar. Toda suerte de “soluciones” a los problemas de la educación dominicana llegaron a los diferentes despachos de los funcionarios, sobre todo al llamado Despacho. Algunos llegaron vía otros organismos del estado dominicano.
Para casi todas las universidades, la necesidad de maestros formados por parte del ministerio les dio la oportunidad de ofertar propuestas de formación en todas las áreas y niveles del sistema. De esa manera, no solo se ofrecieron programas de grado, sino también de postgrado, en el cual participaron, además, instituciones universitarias de otros países.
Es decir, oportunidad y necesidad se encontraron en el camino. Las necesidades de fondos financieros de mucha de estas universidades se juntaron con la necesidad de docentes formados para el sistema. La realidad nos ha mostrado que muchas de estas ofertas no han podido responder de manera eficiente con la necesidad de contar con docentes de calidad.
Una vez más, los resultados de la evaluación diagnóstica de tercer grado de primaria nos muestran los bajos niveles de logros alcanzados por estos estudiantes en lenguaje y matemática. Y lo que es más preocupante aún, sin que ello se corresponda con los montos de inversión en formación, como en el pago de la nómina docente.
En el año 2014, una nueva oportunidad parecía surgir con el llamado Pacto Educativo Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), el cual se firmó en el Palacio Nacional con la presencia de amplios sectores sociales, políticos y económicos, como incluso organizaciones nacionales e internacionales del ámbito educativo. Era una necesidad imperiosa de cara a la inversión presupuestaria que se iniciaba.
Ya anteriormente otros pactos habían sido firmados sin que ello significara real y efectivamente el cumplimiento de los propósitos de estos. La educación, en términos del cumplimiento de sus fines y propósitos, es decir, los logros de aprendizajes de los estudiantes seguían estando postergados.
Hoy se dice que estamos ante una nueva oportunidad con la aprobación de la ley del Marco Nacional de Cualificaciones, como la renovación de las leyes vigentes que regulan el sistema educativo, es decir, las leyes orgánicas de la educación básica, la de educación superior y la que rige el ámbito de la formación técnica.
Sin embargo, la necesidad imperiosa de que el liderazgo político, político-sindical, social y económico asuman la educación como un verdadero bien social, por encima de sus intereses corporativos, no se ha puesto de manera colectiva en una verdadera oportunidad para que los fondos destinados a educación cumplan con los propósitos para los cuales esto se hace.
Si “las oportunidades son calvas y hay que tomarlas por los pelos”, al mismo tiempo de que “las necesidades tienen cara hereje”, el problema fundamental no es una cuestión de leyes actualizadas, sin que ello signifique restarle importancia al tema. Se trata, más bien, de su cumplimiento y el compromiso social irrenunciable de colocar los intereses de la educación por encima de los intereses corporativos, del tipo que fueren.
La educación dominicana no es patrimonio de ninguna fuerza política en particular, es un bien social y una cuestión de Estado. Los gobiernos deberían solo darle continuidad a las políticas que se decidan, comprometerse públicamente con ello, y desterrar la cultura del nepotismo, oportunismo y patrimonialismo que tanto daño le ha hecho a la educación.
En lo que respecta a mi “humilde y limitado juicio” acerca del tema educativo, no creo que sean dispositivos legales que se requieran, sin dejar por ello de admitir su importancia, sino la voluntad política de todos los sectores nacionales respecto a lo que ellos planteen y demanden, y su continuidad, como condición necesaria para lograr transformar al sector.
Fuente: acento.com.do
