Abuso sexual. Protocolos de actuación, una respuesta articulada con otras instituciones y nuevas guías de educación sexual integral forman parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Educación para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos.
Hay historias que comienzan a contarse en un aula. No porque la escuela sea el lugar donde ocurren los hechos, sino porque muchas veces es allí donde un niño o una niña encuentra, por primera vez, a alguien dispuesto a escuchar.
Esa es una realidad que Divina García conoce de cerca. Desde la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación (Minerd) ha acompañado situaciones que le confirman que la escuela puede convertirse en un espacio de protección cuando cuenta con las herramientas adecuadas para actuar.
«Regularmente los casos salen a la luz en la escuela, porque ahí es que los niños encuentran un refugio donde hablar», afirma.
Esa experiencia ha llevado al Minerd a fortalecer las acciones de prevención y a consolidar un trabajo conjunto con otras instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez.
Una respuesta que va más allá de la escuela
Para García, el abuso sexual infantil no puede enfrentarse desde una sola institución. Aunque la escuela desempeña un papel fundamental en la detección de los casos, la respuesta debe involucrar también a la familia, los servicios de salud, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
«Cuando un niño o una niña ha vivido una experiencia de violencia sexual, no basta con intervenir en el momento de la denuncia. Es necesario garantizar un acompañamiento integral», sostiene.
Ese acompañamiento, explica, busca proteger a la víctima, asegurar la continuidad de su proceso educativo y facilitar la atención que necesita desde distintas áreas.
Protocolos para actuar
Cuando una situación de violencia llega a un centro educativo, el personal no actúa de manera improvisada.
La directora de Orientación y Psicología explica que el Minerd cuenta con protocolos para el abordaje de estos casos y con un código de ética que orienta la actuación de docentes, directores, orientadores y psicólogos escolares.
El propósito es que cada caso reciba el tratamiento correspondiente y que la respuesta se coordine con las instituciones responsables de proteger a niños, niñas y adolescentes.
Educar también es prevenir
Además de los protocolos, el Ministerio ha incorporado herramientas para trabajar la prevención desde las aulas.
Entre ellas se encuentran las guías de educación sexual integral y valores para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, elaboradas como apoyo para los equipos de Orientación y Psicología.
«Nosotros acabamos de subir a la plataforma del Ministerio las guías de educación sexual integral y valores para abordar desde Inicial, Primaria y Secundaria», explica García.
García reconoce que hablar de educación sexual integral continúa generando inquietudes en algunos sectores, pero insiste en que se trata de una herramienta de prevención.
«Tenemos que decirle a la gente que en este país estamos trabajando por una educación sexual integral.»
Comprender las consecuencias
Durante la conversación, García también hace referencia a investigaciones presentadas por especialistas en neurociencias que muestran cómo el abuso sexual puede afectar el desarrollo del cerebro, especialmente cuando ocurre en edades tempranas.
Comprender esas consecuencias, señala, ayuda a entender que las secuelas de esta forma de violencia no terminan cuando cesa el abuso. Por el contrario, pueden acompañar a la víctima durante años si no recibe atención oportuna.
La familia también forma parte de la prevención
Aunque la escuela desempeña un papel importante, García insiste en que la primera protección de un niño está en su entorno más cercano.
«Tenemos que trabajar con la familia. Los principales factores de protección son el círculo familiar», afirma.
A su juicio, fortalecer el diálogo entre la escuela y las familias es una de las tareas pendientes para reducir los riesgos y favorecer una detección más temprana de los casos.
También considera necesario reflexionar sobre prácticas que durante mucho tiempo se han normalizado.
«Hay una línea muy fina entre la violencia y la educación», advierte, al señalar que la protección de la infancia también implica revisar las formas en que los adultos se relacionan con niños y adolescentes.
Romper el silencio
Más allá de los protocolos, las guías o las acciones institucionales, García entiende que el mayor reto sigue siendo que los niños y las niñas encuentren adultos capaces de escuchar y actuar.
«La prevención no comienza cuando aparece una denuncia. Comienza cuando la familia escucha, cuando la escuela acompaña, cuando las instituciones actúan y cuando toda la sociedad decide proteger a su niñez.»
Construir escuelas seguras, concluye, no depende únicamente del sistema educativo. Es una tarea compartida que exige compromiso de las familias, de las instituciones y de toda la sociedad para garantizar que cada niño y cada niña crezca en un entorno donde sus derechos sean respetados y protegidos.
