Mediante la organización del proceso electoral fraudulento que le permitió alcanzar en 1930 la Presidencia de la República, forzando mediante el uso de la violencia la abstención del partido opositor, el dictador Rafael L. Trujillo monopolizó el dominio del Congreso de la República y al propio tiempo el control absoluto del aparato judicial.
A partir de ahí, dentro del ordenamiento absolutista establecido por el tirano todos los jueces y fiscales, y hasta los miembros del equipo administrativo judicial, incluyendo los alguaciles, fueron siempre personas fieles al credo político de la tiranía. Todo ello acorde con la clara advertencia expresada en uno de sus tempranos discursos, donde señaló que: “gobernaré siempre con los hombres del partido”. Es decir, del Partido Dominicano fundado en 1931, el único permitido durante la larga tiranía. La membresía a esa organización fue obligatoria para todo cargo público, aún el más insignificante.
Merece ser subrayado que durante la “Era de Trujillo”, la constitución de la República fue modificada en siete ocasiones: 1934, 1942, 1947, 1955, 1959 y en 1960 en dos oportunidades. Todas esas modificaciones constitucionales, como ocurrió con muchísimas leyes, obedecieron a intereses personales o políticos del tirano.
En la primera modificación del último año anteriormente señalado se estableció como requisito para ser presidente, el ser dominicano de nacimiento, hijo de padre y madre dominicanos. Esa modificación fue aprobada para impedir que el profesor Bosch, de padre y madre extranjeros, pudiera alcanzar la Presidencia de la República. En la segunda se redujo la edad necesaria para ser presidente a tan sólo 25 años, para favorecer la posible nominación de su hijo Ramfis a esa posición. Uno de los máximos anhelos del tirano que no pudo lograr.
Para mayor garantía de la fidelidad de los jueces a los dictámenes del gobierno (al igual que como ocurría con los diputados y senadores) todas las personas designadas en cargos importantes del aparato judicial, según expresa Jesús Galíndez, firmaba su carta de renuncia sin fecha al momento de su designación. De esa forma el funcionario público podría enterarse que había “renunciado” el día menos pensando al leer esa información en las páginas del diario oficial. No pocos jueces y funcionarios públicos se enteraron de su renuncia encontrándose trabajando en sus despachos.
Dentro del ordenamiento dictatorial trujillista ni siquiera sus más cercanos colaboradores estaban seguros de las arbitrariedades “judiciales” ordenados por Trujillo. Así por ejemplo, Anselmo Paulino, el hombre que disfrutó de la mayor confianza del dictador, varias veces secretario de Estado, designado por decreto general del ejército, administrador del emporio azucarero Río Haina, el 1ro. de mayo de 1956, acusado de evasión fiscal (el delito más común entre los socios del dictador y sus familiares), fue sentenciado a diez años de trabajos públicos y a la devolución de sus bienes. Después de casi un año de cárcel y humillaciones, fue indultado y deportado.
Agreguemos además, que dentro de la “división del trabajo delincuencial” creado por Trujillo y sus familiares, uno de sus hermanos, Amable Romero, alías Pipi, se especializó en la venta de sentencias, resultados que obtenía para sus favorecidos, mediante el chantaje y la presión directa a los jueces. Particularmente difícil resultó en el ambiente dictatorial el ejercicio de la abogacía, pues la defensa de un caso que pudiera afectar los intereses de Trujillo, un familiar o un alto funcionario civil o militar, envolvía riesgos muchas veces peligrosos.
Pero además, no pocos jóvenes profesionales del derecho, considerados como desafectos al régimen, se vieron impedidos de ejercer sus profesiones porque el Poder Ejecutivo no le otorgaba el exequátur correspondiente. Para poder conseguir su exequátur, muchos jóvenes abogados eran obligados a participar como oradores en actividades políticas del Partido Dominicano, donde doblegados se veían forzados a exaltar genuflexos la figura del tirano.
Fuente: museomemorialdelaresistencia.com
