La indignante y grosera violación de una menor a manos de “profesores” en una escuela pública de San Pedro de Macorís, es un hecho que lacera el alma nacional.
Este episodio revela que el sistema educativo, lejos de ser un refugio seguro para los niños, se ha convertido en escenario de abuso, violencia y descomposición moral.
Las escuelas públicas deben ser espacios sagrados donde los menores encuentren no solo herramientas para su desarrollo intelectual, sino también valores que fortalezcan su carácter.
Cuando la integridad de los estudiantes es vulnerada, cuando los docentes dejan de ser figuras dignas de confianza y respeto, el sistema educativo colapsa.
Y con ese derrumbe, también se desploman las esperanzas de un mejor futuro para nuestra sociedad.
Proteger la integridad de nuestros menores no es una opción, es una obligación moral y legal.
Es imprescindible que el Ministerio de Educación y las autoridades judiciales actúen con contundencia para llevar ante la justicia a los culpables de estos delitos.
Y, al mismo tiempo, establecer medidas que prevengan cualquier tipo de abuso o violencia en las aulas.
La selección y formación de los docentes debe incluir, además de criterios académicos, evaluaciones éticas rigurosas.
Es inaceptable que quienes deberían ser guías y ejemplos para los jóvenes se conviertan en sus victimarios.
Este no es solo un problema del sistema educativo, sino de toda la sociedad.
Las escuelas públicas deben ser reconstruidas como santuarios de moralidad, de aprendizaje y protección, donde cada niño pueda soñar con un futuro brillante y crecer en un entorno que les inspire confianza y esperanza.
