Algunas de las afirmaciones más extendidas sobre la ocupación haitiana de Santo Domingo “no tienen asidero en las fuentes documentales”, aseguró la historiadora María Filomena González Canalda durante el XIII Congreso Dominicano de Historia, en el que presentó el resumen de un análisis de actas notariales que datan del 1822 al 1844.
El estudio de 4,538 actas de ese período firmadas por ocho notarios dominicanos refuta ideas en torno a temas como el uso obligatorio del idioma francés, la confiscación de bienes o la represión política y religiosa. Los notarios realizaron su trabajo principalmente en la ciudad de Santo Domingo.
“Los hallazgos contradicen los planteamientos de la historia oficial tradicional que se vienen repitiendo en la enseñanza de la historia dominicana y en los medios de comunicación”, expresó la historiadora.
Respecto a la imposición del francés como idioma oficial, González informó que en la notaría en la que se hallaron más documentos en esa lengua estos no pasaban del 19.9 %. En otras notarías estudiadas el porcentaje oscilaba entre 0.58 % y 10.8 %.
“Hasta las actas notariales elaboradas para las autoridades haitianas se escribían en español y en la mayoría de los casos ellos no requerían intérprete para el acto”, informó la investigadora y escritora.
Lo mismo ocurría en el caso de la administración de la justicia.
Los documentos evidenciaron la existencia de relaciones de negocios entre dominicanos y haitianos y que estos últimos compraban bienes inmuebles y animales de transporte a los primeros.
“Eso quiere decir que compraban, no que arrebataban o les quitaban las propiedades a los dominicanos”, argumentó González.
Tampoco se observó en los documentos un lenguaje que reflejara confrontaciones. En cambio, hay casos como la fundación de una logia en 1822 que, según la historiadora, demuestra una “relación armónica” entre masones originarios de ambos lados de la isla a principios del período de la ocupación.
Con relación a la supuesta represión contra la religión católica, González dijo que en el período estudiado se registraron 28 diferentes cargos eclesiásticos en las actas, una evidencia de que la religión católica siguió profesándose “sin ningún tipo de represión”.
La confiscación de bienes de la Iglesia católica ordenada por el presidente Jean-Pierre Boyer -aclaró- se limitó a medios de producción como haciendas e ingenios, no a los bienes inmuebles donde se realizaban los cultos o a las residencias de los sacerdotes.
Al cierre de su ponencia, González enfatizó que las aseveraciones históricas tienen que basarse en “evidencias técnicamente comprobables” como los documentos, y que los historiadores pueden interpretar los hechos, pero no “deformar ni manipular las fuentes”.
El período conocido como la ocupación haitiana de Santo Domingo, que se extendió de 1822 a 1844 y de cuyo inicio se cumplieron esta semana 200 años, se debe estudiar, en opinión de la historiadora, “con una visión más objetiva”.
González dictó la conferencia “Hallazgos en la catalogación de los protocolos notariales del período 1822-1844” durante el XIII Congreso Dominicano de Historia.
El evento virtual fue organizado por la Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Tuvo como tema “La ocupación haitiana: 200 años después, mitos y realidades”.
