En el año 2014, se firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, para el período 2014-2030. Hay que reconocer que fue un gran esfuerzo de concertación, como ya hemos estado acostumbrados en República Dominicana en el sector educativo.
Con la excepción de muy pocos de los convocados, la gran mayoría con su firma, se comprometían al contenido del mismo, el cual versó sobre las bases del Pacto, la visión compartida de la educación dominicana, acerca de la democratización e igualdad de oportunidades de acceso en todos los niveles, sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes, también de la dignificación y desarrollo de la carrera docente, sobre la instalación de una cultura de la evaluación en el sistema educativo, por supuesto, la modernización de la gestión del sistema, así como el adecuado financiamiento y movilización de recursos y, finalmente, la implementación, monitoreo, evaluación, veeduría y cumplimiento de los compromisos pactados. En resumen, no parecía que quedara fuera del Pacto ningún tema de importancia; es más, fue casi todo un Plan Nacional para el sector que fue consensuado y asumido, por el conjunto de personas y organizaciones, que firmaron el referido documento.
A ocho años de su firma, y a propósito del llamado que hicieran los representantes del Foro Socieducativo al presidente del Consejo Económico y Social, Lic. Rafael Damares Toribio, de convocar para su evaluación y relanzamiento, quiero traer la siguiente reflexión:
Las razones principales por las cuales se convocó y firmó el Pacto siguen siendo expectativas no de corto ni de mediano, sino de largo plazo. Que los estudiantes muestren altos logros de aprendizajes en los estudios nacionales e internacionales que se realizan, sigue siendo un tema pendiente. Los resultados de los últimos estudios realizados así lo confirman. Más del 80% de nuestros estudiantes apenas alcanzan un nivel mínimo de desarrollo en las áreas evaluadas, principalmente, lenguaje y matemática.
Por otra parte, que el sistema educativo preuniversitario cuente con docentes de calidad, también sigue siendo un tema pendiente. La Evaluación del Desempeño Docente realizada en el 2017-2018 mostró que apenas un 3% de los maestros alcanzaron un nivel de desarrollo excelente, es decir, alcanzaron puntuaciones entre 90 y 100 puntos. Fue notorio en dicha evaluación, que las competencias y habilidades fundamentales para un ejercicio de calidad en las escuelas y aulas, estaban aún muy lejos de alcanzarse. Nuestros docentes no mostraron evidencias de que dominaran cuestiones básicas de las didácticas en general, y que la planificación del trabajo de aula presentaba muy serias debilidades. Es decir, la evidencia científica con que se cuenta es que la gran mayoría de los docentes aún no exhiben las competencias necesarias para enseñar y, aún más complicado, no parece que tengan el dominio experto de lo que deben enseñar, cuestión ésta fundamental, pues se supone que su gestión pedagógica, se constituirá en la oportunidad para que los estudiantes aprendan. Tómese en consideración, que la República Dominicana en la Región de América Latina y el Caribe, es u no de los países que tiene el más alto porcentaje de docentes certificados por una Institución de Educación Superior.
Por otro lado, los resultados que el Ministerio de Educación ofrece acerca del último Concurso de Oposición Docente para ocupar las plazas disponibles en los diferentes cargos, es sencillamente alarmante, y ello a pesar de que la herramienta más importante para evaluar las competencias de los profesionales de educación, aspirantes a ingresar a la carrera docente fue eliminada, sumando su puntuación a la entrevista, acción evaluativa que se caracteriza por una gran nivel de subjetividad y de muy poco nivel de discriminación, es decir, que no permite establecer claramente la diferencia entre un profesional docente competente y otro no competente.
Esta no es cualquier situación y mucho menos, cualquier tema, pues se trata de los profesionales que tendrán la misión de educar a las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas para el futuro que nos depara.
Aún y cuando se crearon las comisiones de veedurías y evaluación de la implementación del Pacto, y la Iniciativa para el Desarrollo de una Educación de Calidad (IDEC) fue presentando anualmente su evaluación sobre los trabajos realizados, la gestión de las políticas educativas en el Ministerio sigue mostrando características preocupantes.
Si se tomara la evolución del gasto presupuestario en educación entre los años 2012 y 2018, sin que esto haya cambiado en los años posteriores, se aprecia que habiendo alcanzado el gasto de capital en el año 2013 el 35.77%, para el año 2018 era apenas de un 7.63%. Es decir, que la inversión de capital disminuyó 28.14 puntos porcentuales. Veámoslo desde otra perspectiva, el gasto corriente para esos mismos años pasó de 64.73% a 92.37%. Estoy muy claro el peso que tuvo entonces la inversión en aulas y planteles escolares, solo que si quisiéramos tener una mejor idea de cuál termina siendo la prioridad en el gasto, solo tendríamos que revisar cómo se distribuyó el mismo considerando insumos, programas pedagógicos y personal. Para los mismos años considerados, es decir, 2012-2018, mientras el gasto en insumos pasó de $14,398,025,810 a $29,767,856,338, y el de pago en programas pedagógicos pasó de $5,890,997,954 a $15,493,915,029, el pago de personal lo hizo de $31,167,029,134 a $106,985,214,225. En este último renglón el aumento fue de RD$75,818,185,091 en el mismo período.
Como decíamos antes, estos porcentajes de distribución del gasto global, no parece que hayan cambiado actualmente. Hay que admitir, definitivamente, que la aplicación del 4% del PIB en educación ha generado importantes holguras en el gasto educativo. Quizás en el Pacto se debieron crear mecanismos más estrictos y transparente para la ejecución presupuestaria.
Hay una cuestión que gravita sobre el tema de la educación dominicana y que, lamentablemente, el pacto en su misión de pactar las condiciones necesarias para cumplir con los acuerdos no ha podido cambiar en lo más absoluto, es la politización (un ministro llegó a decir incluso, “la politiquería”) que tiene atrapado y sojuzgado al sistema educativo dominicano.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, soslayó el tema, pues no hay ningún acápite que obligue a transformar, a cambiar, más aún, a erradicar la cultura política partidaria de tener en el presupuesto de educación la base económica de sustentación de las actividades políticas de los grupos y partidos, que han tenido acceso directo al mismo. La nómina administrativa, de manera muy particular, los contratos y adjudicaciones de los bienes y servicios que requiere el sistema se constituyen en una fuente que nadie parece estar dispuesto a abandonar.
Un Pacto es un acuerdo, que en el caso que nos ocupa, debió crear todas las condiciones necesarias para asegurar su cumplimiento, sobre todo y de manera muy particular, en la gestión de los fondos presupuestarios asignados.
La sociedad dominicana tiene la obligación de tener conciencia de lo que significa para el país el 4% del PIB para el sector educativo. Si al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el año 2022, que asciende a los RD$1,214 billones de pesos, le restamos lo consignado para la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros (RD$217,039,052,885), más lo relativo a la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (RD$88,319,678,959), el presupuesto del Ministerio de Educación que alcanzó la suma de RD$231,147,700,000, representa el 25.44% del Presupuesto Nacional.[1] No es cualquier suma de dinero.
Si las actividades políticas de los partidos se financian a través del Presupuesto de la Junta Central Electoral, no es justo que además lo que destinamos a la educación de los niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes adultas, también se constituya en fuente para tales actividades.
El Pacto debe centrarse, antes que nada, en la prevalencia de los intereses de los y las estudiantes, es decir, en aquellos insumos y procesos que están vinculados con sus aprendizajes, y cualquier otro interés grupal o corporativo, debe ser erradicado del sector.
